durante el Antiguo Régimen, las autoridades trataban de conseguir la obediencia a la ley y al rey absoluto a cualquier precio, y para ello recurrían a una justicia ejemplarizante, pensada para atemorizar y escarmentar en carne ajena a la población. Un elemento fundamental de este sistema era la pena de muerte, que se aplicaba de forma habitual y además iba precedida de horribles suplicios para el reo, con el pretexto de arrancarle una confesión.
Se trataba de un castigo profundamente desigual. Por un lado, los aristócratas estaban exentos de la tortura o el maltrato físico o psíquico, y cuando eran condenados a muerte sufrían decapitación, un método rápido y aparentemente indoloro (si lo realizaba una mano experta). En cambio, los hombres y las mujeres del pueblo eran ejecutados mediante métodos brutales, como la horca, el descuartizamiento o la hoguera. Estas ejecuciones solían ir precedidas por las torturas que el juez estimase necesarias y que se llevaban a cabo en público, desde la flagelación y el tormento de la rueda hasta la ruptura de todos los huesos largos del cuerpo o el atenaceamiento, arrancar trozos de carne de diversas partes del cuerpo con unas tenazas.

LA PENA DE MUERTE A DEBATE

Durante el siglo XVIII, con el triunfo de la Ilustración, muchos juristas y hombres de letras denunciaron el recurso a la tortura, las penas desproporcionadas y los privilegios de la aristocracia; algunos llegaron a pedir la abolición de la pena de muerte. Se puede destacar en este sentido el Tratado sobre la tolerancia de Voltaire (1763) y De los delitos y las penas, de Cesare Beccaria (1764). Todos ellos inspiraron la obra de la Revolución francesa de 1789. Una de las primeras tareas que emprendió la Asamblea Nacional Constituyente fue la elaboración de un código penal acorde con los principios del derecho natural, y fue en ese contexto en el que se planteó el debate sobre la pena de muerte.

Los hombres y las mujeres del pueblo eran ejecutados mediante métodos brutales, como la horca, el descuartizamiento o la hoguera.

El 10 octubre de 1789, un médico de 50 años llamado Joseph Ignace Guillotin presentó una propuesta para establecer la igualdad ante la ley también en los asuntos de derecho penal: «Los delitos del mismo género se castigarán con el mismo género de pena, sean cuales sean el rango o condición del culpable», afirmaba. Este principio, que ahora parece natural, era revolucionario en Francia y tardó años en ser aprobado en el resto de países.

EL MECANISMO DE GUILLOTIN

Guillotin no ponía en cuestión la pena capital. Su propuesta consistía en igualar las penas y a la vez humanizar su aplicación. Para ello, propuso extender el método de la decapitación, hasta entonces privilegio de la aristocracia, a los reos de todas las clases sociales. Al mismo tiempo, a fin de evitar los inconvenientes y errores que a menudo cometían los verdugos en el uso del hacha o de la espada, proponía emplear un aparato «cuyo mecanismo cortaría la cabeza en un abrir y cerrar de ojos». La referencia de Guillotin a este «mecanismo» de decapitación dio enseguida mucho que hablar, pero es errónea la creencia común de que él fue el inventor de lo que conocemos como guillotina. Desde al menos el siglo XVI se utilizaban artilugios parecidos en diversos países de Europa, si bien no parece que fueran muy habituales, y en todo caso estaban reservados a los reos de clase alta. Guillotin pensaba seguramente en la posibilidad de perfeccionar uno de ellos, tarea que finalmente recaería en otro personaje.

A todo condenado se le cortará el cuello». De este modo, la igualdad ante la ley se extendía también a la cuestión penal

En el marco de los debates sobre el nuevo código penal, el 30 mayo de 1791 el diputado Louis-Michel Lepeletier de Saint-Fargeau dio un paso más allá y propuso sin más la abolición de la pena de muerte. Su amigo Robespierre fue de los pocos (se podrían contar con los dedos de una mano) que apoyaron esta medida humanitaria. Pero el esfuerzo de ambos fue inútil: el 1 de junio de 1791, la inmensa mayoría de los diputados votó por la pena capital. Lepeletier de Saint-Fargeau no se desanimó y dos días más tarde propuso la adopción del principio de igualdad también ante la pena capital: «A todo condenado a muerte se le cortará la cabeza».

La redacción final del código, aprobado el 25 de septiembre de 1791, dice en sus artículos 2º y 3º: «2º. La pena de muerte consistirá en la simple privación de la vida, sin que nunca se pueda ejercer ninguna tortura hacia los condenados. 3º. A todo condenado se le cortará el cuello». De este modo, la igualdad ante la ley se extendía también a la cuestión penal.

EFICACIA MORTÍFERA

En marzo de 1792, la Asamblea Legislativa, en cumplimiento del nuevo código penal, encargó al médico cirujano Antoine Louis, secretario perpetuo de la Academia de Cirugía, la elaboración definitiva del nuevo aparato para realizar las ejecuciones. Louis y su colaborador Tobias Schmidt, un fabricante de arpas alemán, crearon un artilugio que se inspiraba en los aparatos similares que habían funcionado en otros países europeos, pero mejorando su diseño y su funcionalidad con el objetivo de aminorar al máximo el dolor.La aportación principal de Louis fue el modelo de hoja con filo oblicuo, «para que corte limpiamente y alcance su objetivo», según afirmó él mismo. Sin embargo, tanto Louis como Guillotin terminaron lamentando que su nombre quedara asociado a la nueva invención, que pronto fue conocida como louison o louisette y, más comúnmente, guillotina.
El prototipo estuvo construido en dos semanas, y enseguida se probó en cadáveres de animales y de personas. Finalmente, la guillotina se instaló en la plaza de Grève, frente al Ayuntamiento de París, y fue allí donde el 25 de abril de 1792 Nicolas-Jacques Pelletier, condenado por robo a mano armada, se convirtió en el primer ejecutado mediante el nuevo procedimiento. El artilugio parecía destinado a suplir a los verdugos en estos casos de delincuencia o criminalidad común. Pero apenas unos meses después, el 21 de agosto de 1792, fueron llevados ante la guillotina dos reos políticos: dos servidores de Luis XVI, que había sido depuesto del trono tras la insurrección del 10 de agosto, a los que se acusaba de actividad «contrarrevolucionaria». Desde ese momento, bajo un régimen de gobierno revolucionario que duraría hasta la caída de Robespierre casi dos años más tarde, la guillotina se convirtió en el instrumento –y el símbolo– de la política de «terror» que la Revolución desencadenó contra sus enemigos interiores –los aristócratas y otros partidarios del Antiguo Régimen– y como reacción frente a la amenaza de las potencias absolutistas vecinas.

LAS CIFRAS DEL TERROR

Durante este período, el total de condenas de muerte y de ejecutados con la guillotina en toda Francia fue de 16.594 personas. De estas, 2.622 fueron ejecutadas en París, principalmente en la guillotina que se colocó en la actual plaza de la Concordia; allí serían ejecutados tanto Luis XVI y María Antonieta como el mismo Robespierre, tras el golpe de Termidor. Tal fue el balance del llamado Terror legal, en el que hay que ver un intento de controlar y centralizar la violencia política más generalizada que también se ejerció en esos años y que se calcula que ascendió a entre 35.000 y 40.000 víctimas, incluyendo las violencias populares, las ejecuciones sumarias o las muertes en las cárceles.
Terminado el Terror, la guillotina no cayó en desuso. Siguió empleándose bajo el directorio, Napoleón y todos los regímenes posteriores durante casi dos siglos. La última ejecución mediante este método se produjo en 1977, antes de la abolición de la pena de muerte cuatro años más tarde.Fuente-Historia National Geografic